Actividad académica adscrita al Programa académico de investigación (PIPPS)
Estado vigente
Resumen
Costa Rica es un país que cuenta con dos costas, una en el Pacífico y otra en el Caribe, según lo establece la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho al Mar, se define como un Estado rivereño. La extensión terrestre de Costa Rica es de 51.000 km2 y más de 550.000 km2 de mar territorial y zona económica exclusiva (MINAE, 2018). Esta condición convierte al espacio marino en un componente estratégico para el desarrollo, la conservación y la seguridad alimentaria del país.
La investigación que acá se plantea se desarrolla en la Región Pacífico Central, específicamente en la Península de Nicoya, Provincia de Puntarenas, comprendiendo los distritos de Paquera, Tambor y Cóbano. Este territorio se caracteriza por una intensa actividad pesquera y una alta presión sobre los recursos marinos, en un contexto regulatorio complejo a nivel nacional.
En el país existen 4 leyes que regulan el uso, apropiación y aprovechamiento del espacio marino y según el Informe de Estado de la Nación (CONARE, 2018) existen 3 tipos de gobernanza formal para el manejo sostenible de los recursos marinos. Además, existen 27 áreas marinas protegidas (SINAC, 2024). Correspondiente a 165 037 km2, lo que representa un 28.29% del territorio marino (SINAC, 2024). También se identifican 4 tipos de flotas pesqueras, las cuales tienen distintas capacidades de extracción de recursos.
Esta diversidad normativa e institucional configura un escenario de gobernanza que incide de forma desigual sobre los distintos actores del sector pesquero. Los datos oficiales evidencian una marcada desigualdad en las capturas: mientras la flota de pequeña escala registra volúmenes significativamente menores, las flotas de mayor escala concentran la mayor extracción de recursos. Según el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA, 2022) para la provincia de Puntarenas los datos de extracción en el año 2022 fueron:
• Flota pequeña escala capturó: 1.658.000,55 kilos
• Flota mediana escala avanzada capturó: 8.796.001,48 kilos
• Flota semi industrial capturó: 255.854,50 kilos (atún)
• Flota extrajera capturando en aguas nacionales capturó: 15.422.250,00 kilos (atún)
Aunado a esto, en la zona de Paquera – Tambor de la provincia de Puntarenas el INCOPESCA (2024) contabiliza la existencia de 319 de licencias de pesca, para abril del 2024. De estas licencias 17 son turísticas, 10 deportivas y 292 para pesca comercial (INCOPESCA, 2024).
A pesar de estos datos, uno de los principales problemas identificados en la zona es la ausencia de información precisa y actualizada sobre la cantidad real de personas pescadoras, ya que no existe un censo nacional de pesca y los registros oficiales excluyen a quienes ejercen la actividad sin licencia. Esta debilidad en el manejo de los datos hace que la información sobre la pesca y las personas pescadoras sea sesgada y limitada, repercutiendo también en los datos del impacto en los ecosistemas de actividades extractivas de recursos marinos y dificulta el diseño de políticas públicas eficaces y equitativas.
Se puede rescatar que en Costa Rica existen modalidades de conservación y gestión sostenible de recursos, que tratan de vincular participativamente a las personas pescadores.
Pero, las dinámicas que se entretejen en el espacio marino complejizan las estrategias de sostenibilidad a implementar por el Estado, generando por medio de la normativa institucional presión en el uso del espacio y límites difusos en el proceso de apropiación de los recursos pesqueros.
Las acciones desarrolladas desde los poderes hegemónicos, representadas por las normativas específicamente de regulación de la pesca artesanal comercial, podrían ser las principales acciones de gestión territorial que se están dando, entendiendo estas como la “capacidad de influir y controlar los medios, instrumentos y recursos para la toma de decisiones estratégicas sobre el uso de los recursos del espacio territorial” (Gómez et al, 2008, p. 12).
Se puede indicar que el problema central, desde el punto de vista investigativo, recae en que no existe una clara delimitación de los usos que se dan a un espacio desde las dinámicas más locales de su uso, además de que no hay datos claros sobre las personas que se dedican a la pesca.
Desde el Estado existen mecanismos que limitan el acceso a recursos de ciertos actores y potencia o motiva a otros actores, esto por medio de la creación de política pública que establece un tipo de gobernanza desde la institucionalidad, la cual tiende a invisibilizar las prácticas más locales de gobernanza que diversos actores a pequeña escala desarrollan dentro de sus propios espacios territoriales, además se realizan acciones institucionales sin tener datos exactos, que permitan conocer el impacto en la naturaleza, que generan los pescadores con el desarrollo de su actividad productiva
Equipo de trabajo
M.Sc Isabel Calvo González, Escuela de Planificación y Promoción Social
Máster Oscar Juárez Matute, Escuela de Planificación y Promoción Social
Dr. Esaú Bravo Luis, Universidad Autónoma de Coahuila, México
Lic. Laura Vargas León, Escuela de Planificación y Promoción Social